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DELITO Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

 

 

I.- INTRODUCCIÓN:

    

El lector debe saber que la infracción de las normas de prevención de Riesgos laborales, puede dar lugar a una sanción administrativa por parte de inspección de trabajo, o a incluso a una pena de prisión.  Puesto que damos  por entendido que todo el mundo es consciente de las responsabilidades en que puede incurrir a nivel administrativo-laboral, o civil, vamos a centrar este artículo, en un breve análisis de la responsabilidad penal en la que puede verse involucrado un empresario ante la falta de medidas de seguridad adecuadas.

 

 

II.- EL DELITO CONTRA LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

 

El Artículo 316 del Código Penal dispone: “Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.”.  Este precepto es fruto del mandato Constitucional que se contiene en el apartado 2º del artículo 40 de nuestra Carta Magna, que dice, que “los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo” .

 

Esta disposición del Código Penal, castiga el hecho de poner en peligro la vida, salud o integridad de los trabajadores, aunque no se produzca daño o resultado alguno.

 

El delito estudiado, es un delito de peligro concreto grave, y del que se ha dicho con acierto en nuestra opinión, que es un delito de comisión por omisión, aunque el resultado en este caso no es el accidente, que no lo requiere el precepto penal en absoluto, sino que se perfecciona con la inobservancia del deber de cuidado que ha de tener el sujeto garante y que esto cree una situación de peligro grave para los trabajadores.

 

Para que se considere que se ha cometido este delito, deben darse los siguientes requisitos:

 

1º.- En primer lugar, se requiere el elemento descriptivo consistente en un “no hacer” (no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene necesarias). Este requisito tiene dos vertientes:

 

a) No haber facilitado los medios de protección.

 

b) Obligatoriedad de esa facilitación. Para que exista delito, es preciso que las normas de prevención de riesgos laborales dispongan que se deben facilitar dichos medios.

 

2º.- En segundo lugar, que los medios no facilitados sean los necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad  e higiene adecuadas.

 

3.- En tercer lugar, hay que tener presente el elemento valorativo de llegar a la convicción que dicho no hacer, es creador de un riesgo grave para la vida o integridad física de los trabajadores.

 

4.- En penúltimo lugar, está el elemento normativo constituido por las normas laborales infringidas. Es lo que los juristas llamamos norma penal en blanco, ya que el delito se configura con la aplicación de normas extrapenales, que en este caso son las de prevención de riesgos laborales. Dentro de las normas de infracción de riesgos laborales, debe de tratarse de una infracción grave, que conlleve la creación de un peligro grave. Si no es así, no hay delito, puesto que en caso contrario la respuesta penal se extendería a supuestos insignificantes y por tanto contrarios al principio de intervención mínima del derecho penal.

 

5.- En último lugar  debe cumplirse el inexorable requisito de la relación de causalidad entre el peligro para la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores y la falta de facilitación de medios.

 

Como reflexión provisional, en nuestra opinión, debemos de tener en cuenta lo siguiente:

 

a)  El hecho de estar en grave peligro la vida, la salud o la integridad de un trabajador, no puede implicar ningún delito si los medios que lo hubieran evitado, o no son exigibles jurídicamente o no son necesarios materialmente. 

 

b)  Solo puede considerarse necesario, aquel medio que aminore o elimine el riesgo.

 

c)  El Código penal, lo que sanciona es la inactividad empresarial que permita la permanencia de peligro “grave”.

 

d)  No toda infracción de normas de prevención de riesgos laborales puede conllevar a una sanción penal, solo aquellas que por su gravedad, pongan en concreto peligro la vida la salud y la integridad del trabajador.

 

La Sala segunda del Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 29 de Julio de 2002, calificó este tipo penal del artículo 316 del siguiente modo: “ un tipo penal de estructura omisiva o más propiamente de infracción de un deber que protege la seguridad en el trabajo entendido como la ausencia de riesgos para la vida y la salud del trabajador dimanante de las condiciones materiales de la prestación del trabajo, bien jurídico autónomo y por tanto independiente de la efectiva lesión que en todo caso merecería calificación independiente…” .

 

De lo expuesto anteriormente, se desprende que la conducta del empresario ha sido consciente a la hora de no facilitar los medios adecuados, por lo que ha actuado con dolo. Sin embargo, puede darse el caso, que el delito se cometa de forma “imprudente”. Así el art. 317 del Código Penal dispone:  “Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por imprudencia grave, será castigado con la pena inferior en grado.”.

 

 

III.- AUTORIA:

 

   Para determinar quien es el autor del delito, el propio artículo 316 del Código Penal, nos habla de los “legalmente obligados” a facilitar las medidas de seguridad. El art. 14.2 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, impone al empresario la obligación de protección de los trabajadores. El art. 16 del mismo cuerpo legal, le obliga a evaluar los riesgos existentes e implementar un plan de prevención, y demás obligaciones que se extraen de la mencionada ley.

 

Si el delito se imputa a una persona jurídica, el sujeto activo del delito será de conformidad con lo previsto en el artículo 318 del Código Penal el siguiente: “Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el art. 129 de este Código.”

 

¿Cuales son estas medidas?. Artículo 129 del Código Penal:

 

“1. El juez o tribunal, en los supuestos previstos en este Código, y sin perjuicio de lo establecido en el art. 31 del mismo, previa audiencia del ministerio fiscal y de los titulares o de sus representantes legales podrá imponer, motivadamente, las siguientes consecuencias:

a) Clausura de la empresa, sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La clausura temporal no podrá exceder de cinco años.

b) Disolución de la sociedad, asociación o fundación.

c) Suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, fundación o asociación por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

d) Prohibición de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase de aquellos en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo. Si tuviere carácter temporal, el plazo de prohibición no podrá exceder de cinco años.

e) La intervención de la empresa para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo necesario y sin que exceda de un plazo máximo de cinco años.

2. La clausura temporal prevista en el subapartado a) y la suspensión señalada en el subapartado c) del apartado anterior, podrán ser acordadas por el Juez Instructor también durante la tramitación de la causa.

3. Las consecuencias accesorias previstas en este art. estarán orientadas a prevenir la continuidad en la actividad delictiva y los efectos de la misma.”

 

   En cualquier caso, en derecho penal no existe la responsabilidad objetiva, y conforme establece el artículo 10 del Código Penal, no hay delito sin dolo o imprudencia. Así, el hecho de ser administrador, no supone la autoría automática de la responsabilidad penal.

 

 

IV.-  EN LA PRÁCTICA:

 

En la práctica, la falta de medidas de seguridad, aunque pongan en grave peligro la vida, la salud o integridad de los trabajadores, suelen ser sancionadas administrativamente por la Inspección de Trabajo.

 

Sin embargo, cuando hay un accidente con un trabajador lesionado o fallecido, la inspección de trabajo, especialmente, cuando el resultado del accidente ha sido mortal, pone en conocimiento del Juzgado este hecho por si pudiera ser constitutivo de algún ilícito penal, y se abren unas Diligencias Previas para averiguar la naturaleza y circunstancias del hecho y las personas que en él han participado.

 

 

V.- QUE OCURRE ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y OTRO DE LESIONES O DE HOMICIDIO:

 

       Tal y como se ha indicado en el anterior apartado, este suele ser el caso más frecuente en la práctica, ya que cuando ocurre un accidente grave o mortal, el Juzgado de Instrucción cuando lo investiga, imputa tanto por el delito de lesiones u homicidio, como por el delito contra la seguridad de los trabajadores del que hemos hablado.

 

      Llegados a este punto, debemos tener bien presente cual es la postura de nuestros Tribunales ante esta posible  doble comisión delictiva. Pues bien nuestros tribunales, parecen coincidir en seguir la siguiente teoría:

 

1.-   Si se ha producido un delito de resultado, lesiones u homicidio  a causa de falta de medidas de seguridad, cuando esta omisión de medidas solo hacía peligrar la integridad salud o vida del trabajador afectado por el accidente, el delito de resultado absorbe al de peligro, puesto que se considera que el resultado es una manifestación lógica de la progresión delictiva. Artículo 8.3 del Código Penal.

 

2.-  Si aún habiéndose producido el resultado lesivo o mortal a un solo trabajador, la falta de medidas de seguridad ponía en peligro a más trabajadores, el delito de resultado (lesiones u homicidio) no absorbe al de peligro como en el caso anterior, sino que se produce lo que los juristas llamamos un concurso ideal de delitos. En este caso, es de aplicación el artículo 77.2 del Código Penal que prevé para  estos concursos lo siguiente:

 

“77.2. En estos casos se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones.”.