Abogados en Barcelona de Vázquez&Asociados comenta la siguiente materia:

 

 

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INTRODUCCIÓN:

 

Mediante Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, publicada en el BOE nº 55 de 4 de marzo de 2010, se ha aprobado en España la nueva regulación del aborto. Dicha ley, lleva por título "de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo".

 

Así, el preámbulo de dicha norma, nos viene a decir, que no sólo se ha regulado la interrupción voluntaria del embarazo, sino que se ha legislado sobre salud sexual y reproductiva.

 

 Esta ley, según su Disposición Final Sexta, entrará en vigor a los 4 meses a partir del día de su publicación en el BOE, es decir, el día  05 de Julio de 2010.

 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA:

 

En relación a esta parte de la Ley, el legislador ha descrito una serie de definiciones, que trascribimos literalmente:

 

a) Salud: el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

 

b) Salud sexual: el estado de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad, que requiere un entorno libre de coerción, discriminación y violencia.

 

c) Salud reproductiva: la condición de bienestar físico, psicológico y sociocultural en los aspectos relativos a la capacidad reproductiva de la persona, que implica que se pueda tener una vida sexual segura, la libertad de tener hijos y de decidir cuándo tenerlos.

 

 En el mismo sentido, establece la ley, que los poderes públicos garantizarán la información y educación afectivo sexual y reproductiva en los contenidos del sistema educativo, acceso universal a los servicios y programas de salud sexual y reproductiva, acceso a métodos  seguros que permitan regular la fecundidad, eliminación de toda discriminación hacia los discapacitados, educación sanitaria integral sobre salud sexual y salud reproductiva e información sanitaria sobre anticoncepción y sexo seguro. También se preocuparán los poderes públicos de desarrollar acciones informativas y de sensibilización sobre salud sexual y salud reproductiva.

 

 Para ello, en el ámbito sanitario, los poderes públicos garantizarán la calidad de los servicios de atención a la salud sexual integral, el acceso universal a prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción mediante la incorporación de anticonceptivos de última generación, la provisión de servicios de calidad para atender a las mujeres y a las parejas durante el embarazo, el parto y el puerperio e incorporarán en los programas curriculares de los profesionales de la salud, la formación en salud sexual y salud reproductiva, incluida la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, etc..

 

Por lo que respecta al ámbito educativo, se contemplará la formación en salud sexual y reproductiva, como parte del desarrollo integral de la personalidad. Para ello, los poderes públicos apoyarán a la comunidad educativa en la realización de actividades formativas.

 

Cada Comunidad Autónoma, en el marco de sus competencias aprobará un Plan que se denominará Estrategia de Salud sexual y reproductiva.

 

En nuestra opinión, como puede comprobarse de todo lo expuesto hasta ahora, esta parte de la ley,  no es más que una base sobre la que trabajar de cara al futuro, sin calendario ni agenda, por lo que serán los presupuestos  y la voluntad política, lo que haga que esta exposición de deseos inconcreta, se pueda llevar a efecto algún día y  convertirse en realidad. Cuando nos detenemos en la Disposición Adicional Tercera de la ley, todavía nos sentimos más burlados por el legislador  cuando se nos dice que el acceso a los métodos anticonceptivos de última generación que se han prometido y a los que hemos hecho referencia anteriormente, serán concretados en el plazo de UN AÑO, desde la entrada en vigor de la ley, que como hemos visto es el día 5 de Julio de 2010. Y nosotros nos preguntamos, y ¿mientras tanto qué? Pues bien, todo lo expuesto queda para posteriores normas jurídicas, con lo que en la práctica, de la parte de la ley destinada a la salud sexual y reproductiva, no hay nada más que buenos deseos y la misma normativa reguladora que hasta ahora.

 

 

 

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO:

 

Esta parte de la ley, a diferencia con lo que sucede con la que antecede, si que es clara y está dispuesta para su aplicación, lo que nos hace dudar de las verdaderas intenciones del legislador que parece que quiere prevenir los embarazos, y no dudamos de su buena voluntad, pero solo da soluciones reales inmediatas a la interrupción voluntaria del embarazo y a nada más.

 

 Con la nueva legislación en la mano, los puntos más importantes de la modificación legal en este sentido son los siguientes:

 

 a) Supuestos de interrupción voluntaria del embarazo:

 

 La ley prevé dos grandes supuestos de interrupción voluntaria del embarazo. A petición de la mujer y por causas médicas.

 

1.- A petición de la mujer:

 

Será el supuesto más común, y es el que se produce dentro de las 14 primeras semanas del embarazo. La exigencia de la ley es la siguiente:

 

- Que se haya informado a la embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, etc.. 

 

- Que haya transcurrido un plazo de 3 días desde la información mencionada y la realización de la intervención. Es como un plazo de meditación. 

 

2.- Por causas médicas:

 

- Que no se superen las 22 semanas de gestación y siempre que exista grave riesgo para la vida o salud de la embarazada y así conste en el dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico especialista distinto del que la practique o dirija la interrupción del embarazo.

 

-  Que no se superen las 22 semanas de gestación y siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos del que  practique o dirija la interrupción del embarazo.

 

- Que se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en un dictamen emitido con anterioridad por un médico especialista, distinto del que practique la intervención, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico integrado por dos médicos especialistas en ginecología y obstetricia o expertos en diagnóstico prenatal y un pediatra. La mujer embarazada, podrá elegir uno de estos especialistas. 

 

 b) Requisitos para la interrupción voluntaria del embarazo: 

 

El aborto lo tendrá que practicar un especialista o bajo su dirección, debiéndose llevar a cabo en un centro privado o público acreditado y con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada, o en su caso del representante legal. En este caso de aborto, como en cualquier otro referido a la salud del enfermo en términos generales, los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables a favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento cuando exista un riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho  a él.

 

 La novedad más comentada, ha sido establecer que en el supuesto de mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para abortar les compete a ellas de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad. Sin embargo, y para contentar a los que se mostraban contrarios de que no se pidiera el consentimiento a los padres, se  ha dispuesto  que al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en dichas edades, deberá ser informado de la decisión de la mujer de 16 o 17 años que quiere abortar.

 

Lo curioso, es que a renglón seguido diga la ley, que se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestando el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo. Sin embargo hay que decir, que la ley no dice a quien debe alegar la menor fundadamente el conflicto grave que la información de su aborto le puede provocar, ni tampoco, como se puede y se debe comprobar esta mera alegación. Tal y como está redactado y en comparación con el detalle de los dictámenes y comités clínicos de los que hemos hablado en el punto anterior, en nuestra opinión el legislador ha dejado un coladero para que las menores puedan abortar, si así lo deciden, sin el conocimiento de sus padres.

 

c) Modificación de la ley penal

 

Cuando hablamos del aborto, nos enfrentamos ante un conflicto de intereses y cuando esto se produce, se debe ceder ante el interés prioritario. Los intereses en conflicto son el interés del feto como vida dependiente, y el de la embarazada, en cuanto a su derecho a la libertad, a la salud, etc. Para unos debe prevalecer el primero, y para otros el segundo.

 

El derecho penal, tiene poco que decir en este conflicto ideológico, y en derecho comparado podemos observar como se ha adoptado una postura intermedia entre las dos en conflicto antes mencionadas, y el aborto sigue siendo delito salvo en las excepciones previstas en la ley.

 

El bien jurídico protegido por la norma penal,  es la vida dependiente del feto, con las excepciones que marca la ley de interrupción del embarazo.

 

El legislador, en la ley actual, ha seguido  el criterio objetivo de establecer una ley del aborto sobre plazos objetivos. Estos plazos, como sostienen los autores,  se construyen sobre la base del estudio de cuando se inicia la vida humana dependiente de la embarazada. Algunos han concretado este extremo, en el momento de la fecundación y otros en el momento de la anidación en el útero del óvulo ya fecundado, etc....

 

 La Disposición Derogatoria única de la nueva ley, ha derogado el art. 417 bis del anterior Código penal que seguía vigente y  que dice:

 

 "Articulo 417 bis

 

1. No será punible el aborto practicado por un médico, o bajo su dirección, en centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado y con consentimiento expreso de la mujer embarazada, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

 

1ª) Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico de la especialidad correspondiente, distinto de aquél por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto.

 

En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante, podrá prescindirse del dictamen y del consentimiento expreso.

 

2ª) Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación del art. 429, siempre que el aborto se practique dentro de las doce primeras semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiese sido denunciado.

 

3ª) Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las veintidós primeras semanas de gestación y que el dictamen, expresado con anterioridad a la práctica del aborto, sea emitido por dos especialistas de centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado al efecto, y distintos de aquél por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto.

 

2. En los casos previstos en el número anterior, no será punible la conducta de la embarazada aún cuando la práctica del aborto no se realice en un centro o establecimiento público o privado acreditado o no se hayan emitido los dictámenes médicos exigidos."

 

 Se han modificado el artículo 145 el Código Penal que dice:

 

"Articulo 145  

 

1. El que produzca el aborto de una mujer, con su consentimiento, fuera de los casos permitidos por la ley, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de uno a seis años.

 

2. La mujer que produjere su aborto o consintiera que otra persona se lo cause, fuera de los casos permitidos por la ley, será castigada con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses."

 

 Dicho artículo 145 del Código penal, ha sido modificado parcialmente y se ha creado el artículo 145 bis. La nueva redacción del artículos 145 es la siguiente:

 

"Artículo 145.

 

 1. El que produzca el aborto de una mujer, con su consentimiento, fuera de los casos permitidos por la ley será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de uno a seis años. El juez podrá imponer la pena en su mitad superior cuando los actos descritos en este apartado se realicen fuera de un centro o establecimiento público o privado acreditado.

 

2. La mujer que produjere su aborto o  consintiere que otra persona se lo cause, fuera de los casos permitidos por la ley, será castigada con la pena de multa de seis a veinticuatro meses.

 

3. En todo caso, el juez o tribunal impondrá las penas respectivamente previstas en este artículo en su mitad superior cuando la conducta se llevare a cabo a partir de la vigésimo segunda semana de gestación".

 

 

 

"Artículo 145 bis.

 

 1. Será castigado con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de seis meses a dos años, el que dentro de los casos contemplados en la ley, practique un aborto:

 

a) sin haber comprobado que la mujer haya recibido la información previa relativa a los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad;

 

b) sin haber transcurrido el período de espera contemplado en la legislación;

 

c) sin contar con los dictámenes previos preceptivos;

 

d) fuera de un centro o establecimiento público o privado acreditado. En este caso, el juez podrá imponer la pena en su mitad superior.

 

2. En todo caso, el juez o tribunal impondrá las penas previstas en este artículo en su mitad superior cuando el aborto se haya practicado a partir de la vigésimo segunda semana de gestación.

 

3. La embarazada no será penada a tenor de este precepto".

 

 

 

El artículo 146 del Código penal sigue manteniendo la misma redacción:

 

 "Articulo 146  

 

El que por imprudencia grave ocasionare un aborto será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses.

 

Cuando el aborto fuere cometido por imprudencia profesional se impondrá asimismo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de uno a tres años.

 

La embarazada no será penada a tenor de este precepto."

 

Como puede comprobarse, la modificación sustancial pretendida por el legislador, es que las penas que puedan imponerse a las embarazadas no sean de prisión, sino solo de multa. La anterior regulación preveía los dos tipos de penas, a escoger por el Juzgador en función de la gravedad que estaba enjuiciando.

 

En cualquier caso, no debe olvidarse, que el artículo 53 del Código Penal, prevé la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de multa.