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Las asociaciones de jueces contra los desahucios hipotecarios.

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El acoso laboral o mobbing

 

Cuestiones importantes:  

 

  1. ¿Qué es el acoso laboral o mobbing? 
  2. ¿Qué elementos deben darse para que exista acoso laboral? 
  3. ¿Quienes pueden ser los autores de un acoso laboral? 
  4. ¿Qué plazos tenemos para poder ejercitar las acciones? 
  5. ¿Qué acciones judiciales pueden ejercitarse? 
  6. ¿Cómo funciona el procedimiento? 
  7. Creo que sufro mobbing ¿Qué debo hacer?

 

 

 

 

  1. ¿Qué es el acoso laboral o mobbing?

 

El acoso laboral o mobbing podría definirse como un comportamiento continuado y deliberado de “maltrato” verbal y modal hacia un trabajador, por parte de una o varias personas de su entorno laboral, y que causan en la víctima un profundo malestar psicológico y personal, dañando su confianza y reduciendo su autoestima. Ello va a originar una disminución en su rendimiento laboral; el deterioro de su salud física y psíquica, que puede incluso conducirle a la baja laboral; y en muchos casos, la salida del trabajador de la empresa.

 

  

2.  ¿Qué elementos deben darse para que exista acoso laboral?

 

Dichas conductas han de realizarse de forma sistemática sobre una persona en el ámbito laboral, manifestada a través de reiterados comportamientos, palabras o actitudes que lesionen la dignidad o integridad psíquica del trabajador y que pongan en peligro o degraden sus condiciones de trabajo. Por tanto, debe tratarse de una conducta sistemática, repetitiva y reiterada que, eso sí, por su duración en el tiempo puede atentar contra la dignidad o integridad de la víctima.

 

Asimismo, es preciso para que estemos ante acoso moral, que la conducta abusiva del empresario, u otro trabajador de la empresa, ponga en peligro el empleo y denigre el puesto de trabajo del trabajador igual, inferior o superior agredido..

 

El principal objeto del mobbing es hacerle el vacío al trabajador, es decir provocar su humillación y definitivo alejamiento del lugar de trabajo y en esto se diferencia también del llamado “acoso sexual”, que no persigue tal fin.

  

3.  ¿Quienes pueden ser los autores de un acoso laboral?

 

Se trata de una conducta hostil o intimidatoria seguida frente a un trabajador en el marco de su relación por cuenta ajena, que puede ser llevada a cabo por un individuo o por varios, y que este individuo o individuos pueden ser tanto el propio empleador, como su representante o mando intermedio, o incluso sus propios compañeros de trabajo con una posición de facto superior.

 

 

 

4. ¿Qué plazos tenemos para poder ejercitar las acciones?

 

 

El plazo para ejercitar las acciones judiciales es, en principio, de un año a partir del momento en que éstas puedan ejercitarse, es decir, a partir de que se conozcan, de modo definitivo el alcance efectivo del daño producido.

 

 

 

5. ¿Qué acciones judiciales pueden ejercitarse?

 

Existen dos vías para reclamar ante una situación de acoso, dependiendo de la finalidad de la reclamación:

 

La solicitud de extinción del contrato de trabajo, con derecho a percibir una indemnización igual a la que tendríamos en caso de despido improcedente.

 

La solicitud de tutela judicial por violación de derechos fundamentales del trabajador, instando judicialmente el cese de las acciones constitutivas de acoso laboral y el resarcimiento de daños.

 

 

 

6. ¿Cómo funciona el procedimiento?

 

El procedimiento ha operado un importante avance tras la reforma laboral de diciembre de 2003, de tal forma que, se invierte la carga de la prueba (en la acción de cese y resarcimiento de daños), hasta tal punto que, en el acto del juicio, una vez constatada la concurrencia de indicios de que se ha producido un posible acoso laboral o mobbing, corresponderá a la empresa demandada la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de la proporcionalidad de las mismas.

 

 

 

 

7. Creo que sufro mobbing ¿Qué debo hacer?

 

 

Si tiene la sospecha de estar padeciendo mobbing, lo primero que debe hacer es empezar a recopilar cuantas pruebas pueda tener de ese posible acoso: tanto documentos, como informes médicos, así como cualquier otro tipo de elemento que pueda ser útil en un futuro. Es muy recomendable llevar un diario en el que iremos apuntando todo lo que cada día nos sucede. También es aconsejable intentar hacer ver a aquellos compañeros no implicados en el acoso nuestro propio punto de vista, para evitar que solamente reciban la versión del presunto acosador.

 


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Jueces ven positivo el fallo del TJUE y piden detener las ejecuciones para evitar "daños irreparables"

Las asociaciones de jueces y magistrados han calificado de "muy positivo" el dictamen emitido este jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha declarado que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas, y han pedido modificar la legislación y paralizar las ejecuciones hipotecarias para evitar "daños irreparables". En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha declarado que su asociación valora "muy positivamente" la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha agregado que dicha resolución declara que la legislación española "concede importantes privilegios y ventajas a los bancos frente los ciudadanos" y que les deja en "situación de indefensión al no poder oponerse a las cláusulas abusivas de las entidades bancarias". Bosch ha explicado que, en su opinión, la sentencia supone un "revés importante para el Gobierno que se había empeñado en mantener esta situación y no había adoptado las medidas correspondientes de protección de los consumidores". Por esta razón, como portavoz de Jueces para la Democracia, Bosch ha pedido al Gobierno que "se sitúe al lado de los ciudadanos y no siga protegiendo a las entidades financieras" y que adopte una "verdadera reforma legal" del sistema hipotecario, "en lugar de los parches" que, desde su punto vista, "ha llevado a la práctica hasta ahora". "Creemos que resulta necesaria una nueva legislación procesal que permita que los hipotecados tengan la posibilidad de defenderse legítimamente, como señala la sentencia de la jurisdicción europea, y al mismo tiempo también creemos que se requiere la adopción de medidas de protección para que no se sigan produciendo desalojos que afecten al derecho fundamental a la vivienda", ha remachado. Así, desde JpD se reclama una "legislación integral de sobreendeudamiento familiar y la regulación legal de la dación en pago". "Resulta de cierta gravedad que en estos últimos años se hayan estado ejecutando decenas de miles de procedimientos hipotecarios con importantes dramas familiares y que ello se haya llevado a cabo con una legislación que se ha declarado contraria a Derecho, sin que el Gobierno o el Poder Legislativo hayan tomado medidas para impedir esta situación anómala", ha denunciado Bosch. SUPONE UNA "CLARA INFLEXIÓN" Por su parte, el portavoz de la asociación Foro Judicial Independiente (FJI), Ángel Dolado, ha hecho una valoración "positiva" de la sentencia emitida por el tribunal europeo y ha señalado una vez más que supone una "clara inflexión" en el Derecho español en lo que se refiere a la Ley Hipotecaria y de Ley de Enjuiciamiento Civil. "Hasta que se modifique la ley interna una recomendación que ya hicimos en noviembre es que se deberían paralizar los procedimientos de ejecución hipotecaria para evitar que se generen daños irreparables, que es lo que viene a decir la sentencia del Tribunal de Justicia", ha apuntado Dolado. En este sentido, el portavoz de FJI ha insistido en que "no basta con acudir a un procedimiento para una mera indemnización, sino que lo que hay que evitar es el lanzamiento de las personas sin que los jueces españoles hayan podido analizar si el préstamo hipotecario tiene cláusulas abusivas". Dolado confía en que, "igual que el Gobierno ha hecho muchos reales decreto leyes, en estos momentos haga un real decreto ley para adaptar la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil a lo que indica la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea". "SIN DUDA" UN PASO ADELANTE Por último, el miembro de la junta directiva de la asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria y juez decano de Cáceres, Joaquín González Casso, ha afirmado que la sentencia es "sin duda" un paso adelante para frenar los desahucios que se venían ejecutando. "En la última reunión de jueces decanos que tuvimos en Barcelona ya denunciamos la situación que se estaba produciendo", ha recordado González Casso, al tiempo que ha dicho que "probablemente" cambiar la Ley Hipotecaria será suficiente para que España se adapte a los parámetros exigidos por Europa. "Pero hay que modificarlo claro", ha enfatizado. Para González Casso, el fallo del tribunal europeo era "previsible", puesto que "desde hace ya varios años el Tribunal Europeo de Justicia ha insistido mucho en todas aquellas directivas que hacen referencia a las cláusulas abusivas, que por ello son nulas de peno derecho porque perjudican a los consumidores y usuarios". En esta línea, ha concretado que "ya hubo una cuestión prejudicial que se planteó desde un tribunal catalán y que", según ha precisado, dio lugar a una sentencia dictada por el tribunal europeo "en junio del año pasado". "Ha habido una cuestión prejudicial posterior que ha dado lugar a otra sentencia del mismo tribunal a finales del año 2012 y, finalmente, lo que ha pasado ahora con el tema de las ejecuciones hipotecarias es algo similar a la línea que estaba diciendo el Tribunal Europeo de Justicia en las dos sentencias anteriores, es decir, que puede haber unas serie de cláusulas que son nulas por abusivas", ha detallado.

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JUSTICIA [ADMINISTRACIÓN DE]. Regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forense

PREÁMBULO.

I.

La Ley 53/2002, de 30 de diciembre (RCL 2002, 3081 y RCL 2003, 933) , de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, recuperó en el ámbito de la Administración de Justicia la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Este modelo ha sido objeto de alguna modificación reciente, en particular por la Ley 4/2011, de 24 de marzo (RCL 2011, 531) , de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía, que extendió el pago de la tasa a los procesos monitorios, ante las distorsiones que entonces se detectaron. Poco después la Ley 37/2011, de 10 de octubre (RCL 2011, 1846) , de Medidas de Agilización Procesal, también introdujo algún ajuste, matizando la reforma anterior.

A pesar de esas reformas parciales, subsisten desajustes en este ámbito que justifican la adopción de una nueva normativa que permita profundizar en determinados aspectos de las tasas judiciales, en especial los que el Tribunal Constitucional declaró conformes a nuestra norma fundamental en su sentencia 20/2012, de 16 de febrero de 2012 (RTC 2012, 20) .

El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos realidades jurídicas diferentes. Desde el momento en que la Constitución encomienda al legislador la regulación del alcance de esta última, está reconociendo que el ciudadano puede pagar por los servicios que recibe de la Administración de Justicia. Sólo en aquellos supuestos en los que se acredite «insuficiencia de recursos para litigar» es la propia Constitución (RCL 1978, 2836) la que consagra la gratuidad de la justicia.

La Ley pone todo el cuidado en que la regulación de la «tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social» no afecte al derecho a acceder a la justicia como componente básico del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado por el artículo 24 de la Constitución, de acuerdo con la jurisprudencia a este respecto del Tribunal Constitucional.

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional no sólo ha venido a confirmar la constitucionalidad de las tasas, sino que además expresamente reconoce la viabilidad de un modelo en el que parte del coste de la Administración de Justicia sea soportado por quienes más se benefician de ella.

Con esta asunción por los ciudadanos que recurren a los tribunales de parte del coste que ello implica se pretende racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al mismo tiempo que la tasa aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita, dentro del régimen general establecido en el artículo 27 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre (RCL 2003, 2753) , General Presupuestaria.

II.

El recurso económico a la tasa en el ámbito de la Administración de Justicia parte de su concepto en el Derecho tributario, en el que su hecho imponible está constituido, entre otros supuestos, por la prestación de servicios en régimen de Derecho público que afecten o beneficien al obligado tributario. Asimismo, la determinación de la carga tributaria no se hace a partir de la capacidad económica del contribuyente, sino del coste del servicio prestado, que nunca puede superarse.

El nuevo régimen efectúa una ampliación sustancial tanto de los hechos imponibles como de los sujetos pasivos, que ahora alcanzan no sólo a las personas jurídicas, sino también a las personas físicas. Al mismo tiempo, se prevé la exención subjetiva de aquellos a quienes se reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita, al igual que se prevé para el deudor que solicita su concurso, el Ministerio Fiscal, las Administraciones Públicas y las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

También esta Ley amplía su aplicación al orden social, pero sólo en lo que a los recursos de suplicación y casación se refiere y de una manera proporcionada a los intereses que se tutelan en el mismo, en atención a los derechos e intereses en juego en este orden jurisdiccional, lo que también lleva a prever una tasa de menor cuantía cuando el demandante que presente aquellos recursos sea el trabajador tanto por cuenta ajena como autónomo. Por sus características especiales de acceso a la justicia tan sólo se excepciona del ámbito de la tasa el orden penal.

La Ley mantiene diversos aspectos de la regulación que se incorporó en el artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre. Es el caso del mantenimiento del criterio de la cuantía de la tasa con arreglo a dos factores: una cantidad variable, en atención a la cuantía del proceso judicial, y otra fija, en función del tipo de proceso.

E incorpora novedades que facilitan su aplicación. Tal es el caso de los extranjeros o residentes fuera de nuestro país personados en un pleito en España, que hasta ahora para el pago de la tasa debían aportar muchos documentos que ni siquiera son necesarios para el proceso. Cuando sucedía en actos procesales como la contestación a la demanda y la reconvención o la interposición de recursos ni siquiera daba tiempo a legalizar todos los documentos precisos (estatutos, poderes, traducciones juradas y apostillas o legalizaciones consulares). Ello explica la nueva solución que permite que, con carácter general, sea el abogado o procurador del sujeto pasivo el que pague la tasa que permita los actos procesales correspondientes.

III.

La regulación de la tasa judicial no es sólo, como ya se ha dicho, una cuestión meramente tributaria, sino también procesal. El nuevo marco de la tasa parte, por un lado, de que su gestión económica corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Pero, por otro, se tiene en cuenta la puesta en marcha de la Oficina Judicial y las competencias del Secretario judicial, que comprobará en cada caso si efectivamente se ha producido el pago de la tasa, previéndose para el caso de que no se haya efectuado que no dé curso a la actuación procesal que se solicite.

La Ley desarrolla las diversas cuestiones que puede suscitar la liquidación de la tasa y, en especial, las que se refieren a la variación del pago de la tasa, la cual se verá afectada, por ejemplo, por el paso de un proceso monitorio a otro ordinario. Con la finalidad básica de incentivar la solución de los litigios por medios extrajudiciales, se establece una devolución de la cuota de la tasa, en todos los procesos objeto de la misma, cuando se alcance una terminación extrajudicial que ahorre parte de los costes de la prestación de servicios. Se trata de una devolución de la cuota de la tasa que se efectuará después de que el Secretario judicial competente certifique que se ha terminado el proceso por dicha vía extrajudicial. También la acumulación de procesos dará lugar a una devolución de la tasa abonada por cada una de las demandas que originaron aquellos procesos cuya tramitación unificada se acuerda.

La presente Ley deroga también el apartado 3 del artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en cuanto que la excepción de postulación para los funcionarios públicos en las cuestiones de personal que no impliquen su separación carece ya de sentido. La práctica demuestra como esa falta de representación técnica acaba siendo un obstáculo a un desenvolvimiento del proceso más ágil y eficaz. En relación con los funcionarios públicos se ha de destacar también la exención de la tasa en los procesos contencioso-administrativos que inicien en defensa de sus derechos estatutarios, equiparándose su posición a la de los trabajadores en general en el orden social.

Asimismo, se recuerda que la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, incorporó en el artículo 241 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, un nuevo número 7 que incluye dentro de las costas la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional. De esta forma, el vencimiento en un proceso y la condena en costas a la otra parte trasladarán el pago de la tasa a la parte demandada.

IV.

Por otra parte, la presente Ley regula la tasa por el alta y la modificación de fichas toxicológicas en el registro de productos químicos del Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Este servicio dispone de la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas y para proporcionar la respuesta sanitaria en caso de urgencia.

Desde el año 1971, el Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses actúa como centro antitóxico asumiendo las funciones de prevención y asesoramiento de intoxicaciones y exposición a sustancias tóxicas, en colaboración con el Centro de Emergencias de Protección Civil y con las autoridades competentes en materia de sanidad para supuestos de alertas sanitarias, y atendiendo vía telefónica consultas de particulares y de profesionales sanitarios, procedentes de toda la geografía española.

Esta función de contribuir a la prevención de intoxicaciones, expresamente recogida en el artículo 480 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio (RCL 1985, 1578, 2635) , del Poder Judicial, y en los artículos 1 y 2 del Real Decreto 862/1998, de 8 de mayo (RCL 1998, 1383) , por el que se aprueba el Reglamento del Instituto de Toxicología, ha obligado al Ministerio de Justicia a la adecuación de los medios personales y materiales necesarios para garantizar la calidad del servicio que se presta, asegurando que la respuesta sanitaria se ajusta a los avances científicos y médicos.

Hasta el año 2010, la normativa nacional y comunitaria obligaba únicamente a las empresas comercializadoras de detergentes, productos de limpieza y lejías a facilitar al Instituto la información necesaria sobre su composición para permitir la adecuada respuesta sanitaria.

No obstante lo anterior, en aras a garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y del medio ambiente, la normativa comunitaria y, en concreto, el Reglamento (CE) núm. 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 (LCEur 2008, 2194) , sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, establece unos criterios armonizados de clasificación y etiquetado de las sustancias y mezclas químicas. El citado Reglamento (CE) núm. 1272/2008, que se basa en el principio de precaución, establece cometidos y obligaciones específicos para los fabricantes, importadores y usuarios intermedios a quienes corresponde garantizar una protección apropiada y ofrecer la información esencial a sus destinatarios, por medio de las etiquetas y las fichas de datos de seguridad establecidas en el Reglamento (CE) núm. 1907/2006 (LCEur 2006, 3619) , que permitirán al usuario final su utilización en condiciones de seguridad.

Además, el artículo 45 del Reglamento (CE) núm. 1272/2008 establece la obligación de los Estados miembros de designar un organismo responsable de recibir, de las empresas que comercialicen mezclas clasificadas como peligrosas debido a sus efectos para la salud humana o a sus efectos físicos, la información necesaria para la formulación de la respuesta sanitaria en caso de urgencia, así como la identidad química de las sustancias presentes en mezclas para las que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas o los Estados miembros hayan aceptado una denominación alternativa.

Asimismo, se establecen como obligaciones de los Estados miembros no sólo que se fijen controles para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a las empresas fabricantes y comercializadoras de sustancias y mezclas químicas, sino también que regulen el régimen sancionador aplicable por infracciones a lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento (CE) núm. 1907/2006 y el artículo 47 del Reglamento (CE) núm. 1272/2008.

En cumplimiento de la citada normativa comunitaria, se aprobó la Ley 8/2010, de 31 de marzo (RCL 2010, 958) , por la que se establece el régimen sancionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, a la autorización y a la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP).

Por ello, y en cumplimiento de esta obligación, todas las empresas que comercialicen mezclas que puedan tener efectos para la salud humana tendrán que facilitar al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses la composición de los mismos, de manera que el Instituto pueda proporcionar información sanitaria a la ciudadanía en caso de intoxicación, así como detectar alertas toxicológicas cuando de las llamadas recibidas se desprenda la existencia de algún producto químico que incida negativamente en la salud pública. Además, las empresas a las que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas les haya aceptado la utilización de una denominación química alternativa deben comunicar a este Organismo la identidad química de la sustancia.

Esta obligación, que afecta a las empresas que se benefician de la comercialización de las mezclas químicas clasificadas como peligrosas debido a sus efectos para la salud humana o a sus efectos físicos, impacta de forma directa en la asistencia que presta el Servicio de Información Toxicológica, el cual tiene que adecuar sus medios tecnológicos y personales para garantizar el debido cumplimiento de su función, en aras de la protección de la salud pública.

Esta situación justifica que los sujetos comercializadores de productos y que se benefician de la atención toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, bien de forma directa, al minorar los efectos de una posible intoxicación con los productos comercializados, bien de forma indirecta, al proporcionar información sanitaria de urgencia a sus usuarios finales, contribuyan a la financiación del servicio de atención toxicológica, mediante la creación de la correspondiente tasa por la solicitud de alta o modificación del producto en el registro de productos químicos que tiene el Servicio de Información Toxicológica, necesario para proporcionar información sobre la adecuada atención sanitaria.

Por último, se ha establecido una tasa de importe reducido aplicable a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas (PYME) a efectos de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003 (LCEur 2003, 1344) , sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, y una exención temporal con el fin de compensar a aquellas empresas que a través de sus asociaciones han contribuido, incluso económicamente, a la gestión de la actual base de datos del Servicio de Información Toxicológica. A estos efectos se considerarán empresas exoneradas a todas aquellas que a 17 de febrero de 2012 estuvieran asociadas a la Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines (ADELMA), a la Federación Nacional de Asociaciones de Fabricantes de Lejías y Derivados (FENALYD), a la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), y a la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), al ser esta la fecha en la que las citadas asociaciones y federación cedieron al Ministerio de Justicia de forma gratuita e indefinida el uso del aplicativo de transmisión y carga de datos en la base de datos del Servicio de Información Toxicológica, para que pudiera ser utilizado por todos los sectores de la industria.

V.

El objetivo de la disposición final cuarta es permitir la adaptación de la minoración de una paga extraordinaria establecida en el Real Decreto-ley 20/2012 (RCL 2012, 976, 997) a la realidad de las carreras judicial y fiscal y de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, de tal forma que la disminución que experimenten estos colectivos en sus retribuciones anuales sea equivalente a la que resulte para los restantes funcionarios públicos.

Esto se debe a que, si bien en el Real Decreto 8/2010 (RCL 2010, 1396) se determinó una disminución de las retribuciones similar para cada Cuerpo de toda la Administración Pública, la forma de llevarla a cabo en la Administración de Justicia, como consecuencia de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, resultó distinta a otros ámbitos del sector público estatal. Dado que la citada Ley Orgánica exigía que, en la Administración de Justicia, las pagas extraordinarias por el concepto de sueldo y trienios fuesen iguales a las de la mensualidad ordinaria, a pesar de que el porcentaje total anual de la reducción fue similar en dicha Administración al aplicado a la Administración General del Estado la disminución de la cuantía en la paga mensual ordinaria, en el ámbito de la Justicia, fue igual que la que se aplicó a las pagas extraordinarias por los citados conceptos de sueldo y trienios o antigüedad, mientras que en la Administración General del Estado a los funcionarios se les aplicó una mayor reducción en las pagas extraordinarias pero una reducción inferior en las ordinarias.

Además, se clarifica el régimen aplicable a las cuotas de las Mutualidades Generales de Funcionarios y de derechos pasivos del mes de diciembre de 2012, establecido en el artículo 121, apartado Cuatro de la Ley 2/2012, de 29 de junio (RCL 2012, 909, 1093) , de Presupuestos Generales del Estado para 2012.

TÍTULO I.
Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social

Artículo 1. Ámbito de aplicación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social

La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social tiene carácter estatal y será exigible por igual en todo el territorio nacional en los supuestos previstos en esta Ley, sin perjuicio de las tasas y demás tributos que puedan exigir las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias financieras, los cuales no podrán gravar los mismos hechos imponibles.

Artículo 2. Hecho imponible de la tasa

Constituye el hecho imponible de la tasa el ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por el ejercicio de los siguientes actos procesales:

a) La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil, la formulación de reconvención y la petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo.

b) La solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales.

c) La interposición de la demanda en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

d) La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil.

e) La interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo.

f) La interposición de recursos de suplicación y de casación en el orden social.

g) La oposición a la ejecución de títulos judiciales.

Artículo 3. Sujeto pasivo de la tasa

1. Es sujeto pasivo de la tasa quien promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional y realice el hecho imponible de la misma.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entenderá que se realiza un único hecho imponible cuando en la demanda se acumulen varias acciones principales, que no provengan de un mismo título. En este caso, para el cálculo del importe de la tasa se sumarán las cuantías de cada una de las acciones objeto de acumulación.

2. El pago de la tasa podrá realizarse por la representación procesal o abogado en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, en especial cuando éste no resida en España y sin que sea necesario que el mismo se provea de un número de identificación fiscal con carácter previo a la autoliquidación. El procurador o el abogado no tendrán responsabilidad tributaria por razón de dicho pago.

Artículo 4. Exenciones de la tasa

1. Las exenciones objetivas de la tasa están constituidas por:

a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación y menores, así como los procesos matrimoniales que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores.

b) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral.

c) La solicitud de concurso voluntario por el deudor.

d) La interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios.

e) La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

f) La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.

2. Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa:

a) Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.

b) El Ministerio Fiscal.

c) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.

d) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

3. En el orden social, los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, tendrán una exención del 60 por ciento en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de suplicación y casación.

Artículo 5. Devengo de la tasa

1. El devengo de la tasa se produce, en el orden jurisdiccional civil, en los siguientes momentos procesales:

a) Interposición del escrito de demanda.

b) Formulación del escrito de reconvención.

c) Presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo.

d) Presentación de la solicitud de declaración del concurso por el acreedor y demás legitimados.

e) Presentación de demanda incidental en procesos concursales.

f) Interposición del recurso de apelación.

g) Interposición del recurso extraordinario por infracción procesal.

h) Interposición del recurso de casación.

i) Interposición de la oposición a la ejecución de títulos judiciales.

2. En el orden contencioso-administrativo, el devengo de la tasa se produce en los siguientes momentos procesales:

a) Interposición del recurso contencioso-administrativo, acompañada o no de la formulación de demanda.

b) Interposición del recurso de apelación.

c) Interposición del recurso de casación.

3. En el orden social, el devengo de la tasa se produce en el momento de la interposición del recurso de suplicación o de casación.

Artículo 6. Base imponible de la tasa

1. La base imponible de la tasa coincide con la cuantía del procedimiento judicial o recurso, determinada con arreglo a las normas procesales.

2. Los procedimientos de cuantía indeterminada o aquellos en los que resulte imposible su determinación de acuerdo con las normas de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se valorarán en dieciocho mil euros de cuantía a los solos efectos de establecer la base imponible de esta tasa.

3. En los supuestos de acumulación de acciones o en los casos en que se reclamen distintas pretensiones en una misma demanda, reconvención o interposición de recurso, para el cálculo de la tasa se tendrá en cuenta la suma de las cuantías correspondientes a las pretensiones ejercitadas o las distintas acciones acumuladas. En el caso de que alguna de las pretensiones o acciones acumuladas no fuera susceptible de valoración económica, se aplicará a ésta la regla señalada en el apartado anterior.

Artículo 7. Determinación de la cuota tributaria

1. Sin perjuicio de su modificación en la forma prevista en el artículo 8, será exigible la cantidad fija que, en función de cada clase de proceso, se determina en la siguiente tabla:

En el orden jurisdiccional civil:

Verbal y cambiario Ordinario Monitorio, monitorio europeo y demanda incidental en el proceso concursal Ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales Concurso necesario Apelación Casación y extraordinario por infracción procesal
150 € 300 € 100 € 200 € 200 € 800 € 1.200 €

Cuando después de la oposición del deudor en un monitorio se siga un proceso ordinario se descontará de la tasa la cantidad ya abonada en el proceso monitorio.

En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

Abreviado Ordinario Apelación Casación
200 € 350 € 800 € 1.200 €

En el orden social:

Suplicación Casación
500 € 750 €

2. Además, se satisfará la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala:

De A

Tipo

-

%

Máximo variable
0 1.000.000 € 0,5 10.000 €
Resto 0,25

Artículo 8. Autoliquidación y pago

1. Los sujetos pasivos autoliquidarán esta tasa conforme al modelo oficial establecido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y procederán a su ingreso en el Tesoro Público con arreglo a lo dispuesto en la legislación tributaria general y en las normas reglamentarias de desarrollo de este artículo.

2. El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo.

En caso de que no se acompañase dicho justificante, el Secretario judicial requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La falta de presentación del justificante de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario judicial a que se refiere el precepto, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda.

3. Si a lo largo de cualquier procedimiento se fijase una cuantía superior a la inicialmente determinada por el sujeto pasivo, éste deberá presentar una declaración-liquidación complementaria en el plazo de un mes a contar desde la firmeza de la resolución que determine la cuantía. Lo mismo ocurrirá en el caso en que la cuantía del procedimiento no se hubiese determinado inicialmente por el sujeto pasivo o en los casos de inadecuación del procedimiento.

Si, por el contrario, la cuantía fijada por el órgano competente fuere inferior a la inicialmente determinada por el sujeto pasivo, éste podrá solicitar que se rectifique la autoliquidación presentada y, en su caso, que se devuelva la parte de la cuota tributaria presentada en exceso, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de las devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria.

4. El Secretario judicial, en el plazo de cinco días desde la notificación de la resolución en la que se determine la cuantía definitiva, comunicará por escrito la modificación de la cuantía a la delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuya demarcación radique la sede del órgano judicial, a los efectos oportunos.

5. Se efectuará una devolución del 60 por ciento del importe de la cuota de esta tasa, que en ningún caso dará lugar al devengo de intereses de demora, cuando, en cualquiera de los procesos cuya iniciación dé lugar al devengo de este tributo, se alcance una solución extrajudicial del litigio. Se tendrá derecho a esta devolución desde la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar esa forma de terminación.

6. Los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución del 20 por ciento del importe de la cuota de la tasa cuando se acuerde una acumulación de procesos, que en ningún caso dará lugar al devengo de intereses de demora.

Artículo 9. Gestión de la tasa

1. La gestión de la tasa regulada en este artículo corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

2. Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se regularán los procedimientos y los modelos de autoliquidación de la tasa.

Artículo 10. Bonificaciones derivadas de la utilización de medios telemáticos

Se establece una bonificación del 10 por ciento sobre la tasa por actividad judicial para los supuestos en que se utilicen medios telemáticos en la presentación de los escritos que originan la exigencia de la misma y en el resto de las comunicaciones con los juzgados y tribunales en los términos que establezca la ley que regula las mismas.

Artículo 11. Vinculación de la tasa

La tasa judicial se considerará vinculada, en el marco de las disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 de enero (RCL 1996, 89) , de Asistencia Jurídica Gratuita, al sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.

TÍTULO II.
Tasa por el alta y la modificación de fichas toxicológicas en el registro de productos químicos

Artículo 12. Tasa por el alta y la modificación de fichas toxicológicas en el registro de productos químicos comercializados con la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas y para la respuesta sanitaria en caso de urgencia

La tasa por el alta y la modificación de fichas toxicológicas en el registro de productos químicos del Servicio de Información Toxicológica, con la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas y para proporcionar la respuesta sanitaria en caso de urgencia se exigirá por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en los términos previstos en esta Ley.

En los mismos términos se exigirá la tasa por la notificación de la identidad química de las sustancias presentes en mezclas para las que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas haya aceptado una denominación química alternativa.

Artículo 13. Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa:

a) La solicitud de alta o de modificación de fichas toxicológicas en el registro por parte de los sujetos comercializadores de todo tipo de sustancias y mezclas químicas, independientemente de que la solicitud se efectúe de forma voluntaria o en cumplimiento de la normativa vigente en la materia.

b) La notificación de la identidad química de las sustancias con denominación química alternativa admitida por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas que se notifiquen al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Artículo 14. Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa los sujetos que comercializan sustancias o mezclas químicas que soliciten el alta o la modificación en el registro del Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para proporcionar respuesta toxicológica y, en su caso, alertas sanitarias, así como los sujetos a los que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas les haya aceptado la utilización de una denominación química alternativa.

Artículo 15. Exenciones y reducciones

Cuando el solicitante de registro sea una PYME (microempresa, pequeña o mediana empresa), se aplicará una tasa de importe reducido con arreglo al cuadro 2 del artículo 17. Corresponderá al solicitante acreditar su condición de PYME.

Artículo 16. Devengo de la tasa

El devengo de la tasa se produce en el momento de efectuar la solicitud de alta o la modificación del producto en la base de datos del registro de fichas toxicológicas del Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Asimismo, el devengo de la tasa se produce en el momento de efectuar la notificación al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de la identidad química de las sustancias presentes en mezclas para las que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas haya aceptado una denominación química alternativa.

Artículo 17. Determinación de la cuota tributaria

1. Será exigible la cantidad fija que, en función del alta o la modificación del producto en el registro, se determina en la siguiente tabla:

Cuadro 1

Importe normal

Tasa Importe de la tasa
Alta del producto en la base de datos 30 €
Modificación de un producto ya incluido en la base de datos 15 €

Cuadro 2

Importe reducido

Tasa Importe de la tasa
Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa
Alta del producto en la base de datos 3 € 10 € 15 €
Modificación de un producto ya incluido en la base de datos 2 € 5 € 7 €

2. En todo caso, se establece una tasa anual máxima por empresa de 10.000 euros por alta de fichas toxicológicas y de 5.000 euros por modificación de ficha toxicológica.

Artículo 18. Autoliquidación y pago

1. Los sujetos pasivos autoliquidarán esta tasa conforme al modelo oficial establecido por el Ministerio de Justicia y procederán a su ingreso en el Tesoro Público con arreglo a lo dispuesto en la legislación tributaria general y en las normas reglamentarias de desarrollo de este artículo.

2. El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, acompañará a toda solicitud mediante la que se realice el hecho imponible de este tributo, sin el cual el Servicio de Información Toxicológica no dará curso a la misma hasta que la omisión fuere subsanada.

Artículo 19. Gestión de la tasa

1. La gestión de la tasa regulada en este título corresponde al Ministerio de Justicia.

2. Por Orden del Ministro de Justicia se regularán los procedimientos y los modelos de autoliquidación de la tasa.

Disposición Transitoria primera. Postulación de los funcionarios públicos

En los procesos contencioso-administrativos que se refieran a cuestiones de personal que no impliquen su separación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley no se exigirá la postulación de los funcionarios públicos.

Disposición Transitoria segunda. Exención temporal de la tasa de alta y modificación de fichas toxicológicas

Hasta el 31 de mayo de 2015, incluido, estarán exentas de la tasa de alta y modificación de fichas toxicológicas las empresas que hubieran contribuido a través de sus asociaciones a la gestión de la actual base de datos del Servicio de Información Toxicológica. A estos efectos se considerarán exoneradas todas aquellas empresas que a 17 de febrero de 2012 estuvieran asociadas a la Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines (ADELMA), a la Federación Nacional de Asociaciones de Fabricantes de Lejías y Derivados (FENALYD), a la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), y a la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS).

Disposición Derogatoria única. Derogación normativa

Se deroga el artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre (RCL 2002, 3081 y RCL 2003, 933) , de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Disposición Final primera. Modificación de la Ley 8/1989, de 13 de abril (RCL 1989, 835) , de Tasas y Precios Públicos

Se modifica el párrafo m) del artículo 13 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, que queda redactado como sigue:

«m) Por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.»

Disposición Final segunda. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio (RCL 1998, 1741) , de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Queda derogado el apartado 3 del artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Disposición Final tercera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , de Enjuiciamiento Civil

El número 7.º del apartado 1 del artículo 241 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, pasa a tener la siguiente redacción:

«7.º La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, cuando sea preceptiva.»

Disposición Final cuarta. Modificación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio (RCL 2012, 976, 997) , de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad

Se modifica el artículo 3 y se añade un nuevo artículo 5 bis al Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en los términos siguientes:

Uno. Se modifica el artículo 3, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de este Real Decreto-ley, el personal funcionario y estatutario incluido en los artículos 26 , 28 , 29 , 30 , 32 y 35 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, no percibirá en el mes de diciembre de 2012 ninguna cuantía ni en concepto de paga extraordinaria ni, en su caso, en concepto de paga adicional de complemento específico o equivalente.

2. Al personal laboral del sector público estatal incluido en el artículo 27 de la Ley 2/2012 le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2.2, de este Real Decreto-ley.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de este Real Decreto-ley, el personal a que se refiere el artículo 31, apartados Uno y Dos, de la Ley 2/2012 no percibirá, en el mes de diciembre de 2012, ninguna cuantía en concepto de paga extraordinaria, incluida la que se establece en el Anexo X de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre (RCL 2010, 3233) , de Presupuestos Generales del Estado para 2011.

En todo caso, el porcentaje de minoración en la cuantía total anual de sueldo y trienios o antigüedad será análogo al previsto, para dichos conceptos, para el personal al que se refiere el apartado 1 de este mismo artículo. A tal efecto, a este personal se les reintegrará, en su caso, la cuantía correspondiente a la diferencia entre el porcentaje que supone la paga extraordinaria por dichos conceptos respecto de la paga ordinaria para los miembros de las carreras judicial y fiscal y el que supone para el personal del subgrupo A1 de la Administración General del Estado.

3 bis. Respecto al personal al que se refiere el artículo 31, apartado Tres , de la Ley 2/2012, la aplicación de lo previsto en el artículo 2 de este Real Decreto-ley se llevará a cabo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, respecto de los conceptos de sueldo y trienios, minorando la cuantía total anual por dichos conceptos, incluida las de las pagas extraordinarias, en un porcentaje análogo al que supone, respecto a idénticos conceptos, la reducción establecida para el personal al que se refiere el apartado 1 de este mismo artículo, con referencia para cada Cuerpo al grupo o subgrupo de titulación asimilable, y prorrateando dicha minoración entre las mensualidades ordinarias y extraordinarias pendientes de percibir en el presente ejercicio. Tampoco percibirán, en el mes de diciembre, por integrar las pagas extraordinarias, las cuantías que se recogen en el Anexo XI de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, ni las correspondientes al citado mes de diciembre a las que alude el apartado segundo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de mayo de 2009, publicado por Orden 1230/2009, de 18 de mayo (RCL 2009, 1002) , del Ministerio de la Presidencia.

3 ter. Al personal incluido en el artículo 31, apartado cuatro, le serán de aplicación las reducciones previstas en el presente artículo de acuerdo a la normativa que les resulte de aplicación.

4. A los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal a que se refiere el apartado Cinco del artículo 31 de la Ley 2/2012, a excepción del Fiscal General del Estado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 de este Real Decreto-ley se les reducirá una catorceava parte de las retribuciones totales anuales en concepto de sueldo y de antigüedad o trienios y la totalidad de la paga correspondiente al mes de diciembre que figura en el Anexo X de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011.

Al Fiscal General del Estado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.5 de este Real Decreto-ley, se le reducirá una catorceava parte de las retribuciones totales anuales que figuran para dicho cargo en el apartado Cinco, puntos 2 y 3, del citado artículo 31.

La citada minoración se prorrateará entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

5. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a aquellos empleados públicos cuyas retribuciones por jornada completa, excluidos incentivos al rendimiento, no alcancen en cómputo anual 1,5 veces el salario mínimo interprofesional establecido en el Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre (RCL 2011, 2560) .»

Dos. Se adiciona un nuevo artículo 5 bis, con el siguiente contenido:

«Artículo 5 bis. Cuotas de derechos pasivos y de las Mutualidades en el mes de diciembre de 2012.

Las cuantías mensuales en concepto de cuotas de derechos pasivos de los funcionarios civiles del Estado, del personal de las Fuerzas Armadas, de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal y de los Cuerpos de Secretarios Judiciales, así como las cuantías mensuales de cotización a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, al Instituto Social de las Fuerzas Armadas y a la Mutualidad General Judicial, se abonarán doblemente en el mes de diciembre de 2012.»

Disposición Final quinta. Título competencial

La presente Ley se dicta al amparo de las competencias del Estado en materia de Administración de Justicia, legislación procesal y Hacienda Pública del artículo 149.1.5.ª, 6.ª y 14.ª de la Constitución (RCL 1978, 2836) .

Disposición Final sexta. Desarrollo reglamentario

El Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministros de Justicia y de Hacienda y Administraciones Públicas, dictará las disposiciones reglamentarias complementarias que sean necesarias para la aplicación de las tasas reguladas en esta Ley.

Disposición Final séptima. Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante lo anterior, el artículo 11 será de aplicación a partir del 1 de enero de 2013.

 

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Bankia: un exconsejero atribuye el agujero a «hechos sobrevenidos» derivados del «deterioro de la economía»

El vicepresidente de Bancaja, Antonio Tirado, ha atribuido el agujero patrimonial en Bankia, que pasó a tener unos beneficios de 309 millones de euros a unas pérdidas de 2.979, a "hechos sobrevenidos" que estuvieron motivados por "el deterioro de la situación económica y el aumento de la morosidad" de los clientes con créditos hipotecarios, informaron fuentes jurídicas.

En su declaración en la Audiencia Nacional como imputado en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, Tirado, que fue alcalde de Castellón por el PSOE y consejero de Bancaja a propuesta del PP, ha defendido que las cuentas de 2011 aprobadas en marzo estaban "bien hechas", a pesar de que tuvieron que ser reformuladas en mayo con una inyección de 19.000 millones de euros en cuentas públicas.

Además del agujero en los activos inmobiliarios, que ha cuantificado en 3.000 millones de euros, y el de la cartera crediticia, de otros 5.000, el exconsejero ha señalado que la situación de la entidad se vio perjudicada por los dos decretos aprobados por el Gobierno para el saneamiento de los activos inmobiliarios de las entidades financieras.

SANEAMIENTO "EXCESIVAMENTE ACELERADO"

En una misma línea se ha manifestado el exsecretario de Estado de Industria y Energía con el PP José Manuel Serra Perís, que también ha atribuido los problemas en Bankia-BFA, de la que fue consejero entre enero de 2011 y mayo de 2012, a los "problemas con el ladrillo". Según sus cálculos, el grupo acumuló 75.000 inmuebles que dejaron un agujero de 23.000 millones de euros.

El exconsejero, que ha defendido las cuentas de marzo porque coincidían con todos los balances trimestrales que se fueron haciendo durante ese ejercicio, también ha achacado la situación que provocó el rescate y la nacionalización de Bankia a que el plan de saneamiento fue "excesivamente acelerado".

También ha declarado como imputado el presidente de Caja Segovia, Atilano Soto, que ha asegurado desconocer muchos de los aspectos por los que ha sido preguntado porque sólo estuvo en el Consejo de Administración de Bankia entre el 15 de junio y el 9 de diciembre de 2011. Aún así, ha indicado que la reformulación de las cuentas era "el mal menor" y que constituyó "un ejercicio inmenso de generosidad".

En la causa están imputados los 33 exconsejeros de la entidad así como Bankia y BFA en calidad de personas jurídicas. El juez Andreu les atribuye indiciariamente y de forma genérica los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

 

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Defensa de Pantoja dice que ésta ya adquirió pisos en efectivo antes de estar con Muñoz

P).-La defensa de Isabel Pantoja ha tratado de demostrar que no hubo cambio de comportamiento financiero al iniciar su relación con el exalcalde de Marbella (Málaga), Julián Muñoz, para lo cual ha preguntado al perito de Hacienda que investigó la causa por varios pisos que, según el letrado, se compraron antes de 2003 en efectivo, al igual que el apartamento en el hotel Guadalpín, que la Fiscalía sostiene que pagó Muñoz con dinero "de procedencia delictiva".

El letrado de la tonadillera, acusada de presuntamente blanquear dinero del que era su pareja entonces, ha preguntado al funcionario si conocía que varios pisos en Sevilla y una casa en El Rocío fueron adquiridos en parte o en su totalidad "en efectivo", contestando el perito que vieron las propiedades que tenía y "nos las encontramos con importantes cargas hipotecarias". La fiscal ha dicho que no les consta esos documentos.

El funcionario de la Agencia Tributaria, que intervino en la investigación sobre la situación económica de Pantoja, Muñoz y su exmujer Maite Zaldívar y continuará declarando el día 11 de diciembre cuando se retome el juicio, ha indicado que aunque en 1997 Muñoz no tenía dinero guardado, sí lo tuvo en el momento "en el que es alcalde electo o alcalde en funciones"; mientras que a 31 de diciembre de 2002 Pantoja "no tenía dinero atesorado".

Así, en lo que respecta a Pantoja, ha manifestado que "las investigaciones realizadas a la estructura económica y financiera de Pantoja y sus sociedades no han permitido establecer que tuviera dinero atesorado ni fuentes de rentas que le hubieran permitido realizar inyecciones de efectivo metálico tanto en cuentas propias como en las de sus sociedades", recordando que "según sus propios actos, declaró que no tenía dinero atesorado".

"Las pruebas practicadas han demostrado que efectivamente no tenía ese dinero atesorado, los riesgos que corría esta señora por tener dinero no declarado hubieran sido totalmente incongruentes con su no declaración --ha continuado--. El haber declarado el patrimonio de 2002, el dinero que tuviera atesorado le hubiera supuesto 600 euros de deuda tributaria, el no haberlo declarado y que la Agencia Tributaria lo hubiera detectado hubiera conllevado un presunto delito fiscal por el concepto IRPF".

Por contra, el perito ha dicho que Muñoz sí tenía dinero atesorado y ha incidido en que por el "cúmulo de indicios" que analizaron los investigadores concluyeron que fue él quien pagó el apartamento en Guadalpín. Además, ha señalado que fue al exregidor a quien la promotora Aifos rebajó el precio del inmueble, precisando que "favoreció en todos y cada uno de los actos" vinculados a la promoción de este establecimiento hotelero.

Preguntado por la defensa de Muñoz sobre qué evidencias existen sobre que fuera él quien pagara el piso, ha respondido que "la prueba radica en las indagaciones realizadas sobre el patrimonio de la compradora --Pantoja-- que establecen que con base a esa capacidad financiera no fue satisfecho ese apartamento". Ha insistido en que la empresa que lo compró "no tenía capacidad" para ese pago en efectivo y "tampoco" la propietaria de la sociedad.

"Que yo sepa, que su cliente esté sentada aquí no es porque haya pagado el Guadalpín con pecunio propio", ha contestado el funcionario de la Agencia Tributaria a la defensa de la cantante. Además, en respuesta al letrado del exalcalde, ha negado que se empleara un método inductivo en la investigación partiendo de que Muñoz tenía dinero oculto y de un delito de blanqueo.

Respecto a dos recibos, uno firmado y otro no, de la sociedad municipal Planeamiento, dedicada a temas urbanísticos y de la que era gerente el presunto cerebro del caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, por importe de 200.000 de las antiguas pesetas por un supuesto asesoramiento de Muñoz, este perito ha indicado que les llevó a corroborar que "tenía unas fuentes de rentas ocultas que se vinculaban a los delitos contra la administración pública que se venían investigando".

 

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Un juez pide que la excarcelación de la cúpula de la red china sea revisada por los 19 magistrados de la Sala de lo Pena

EP).-El juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada ha pedido que el auto que podría permitir la excarcelación de la cúpula de la red china de blanqueo de capitales desarticulada con la 'operación Emperador' y de su presunto cabecilla, Gao Ping, sea revisado por los 19 magistrados que conforman el Pleno de la Sala de lo Penal, informaron fuentes jurídicas.

El magistrado, que forma parte de esta Sala, justifica su petición argumentando que se trata de una cuestión jurídica compleja y que es necesaria una unificación de criterio para que las cuatro Secciones de este órgano resuelvan en el mismo sentido los casos que se les presenten en el futuro.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal, presidida por el juez Alfonso Guevara, acordó el pasado jueves la excarcelación del supuesto dirigente de la red Kai Yang, al entender que el magistrado instructor, Fernando Andreu, sobrepasó ilegalmente el plazo máximo de 72 horas de detención.

Si la Sala de lo Penal avala este auto, Andreu debería dictar de forma inminente la puesta en libertad de los 20 detenidos a los que envió a prisión los días 19 y 20 de octubre, entre los que se encontrarían tanto Gao Ping como el presunto cabecilla de la trama de extorsión, Hai Boo.

El tribunal de Guevara, que ordenó el viernes la excarcelación de otros tres detenidos --Wei Lin, lugarteniente de Gao Ping; Yongping Xia y Lingzhi Hu Zoutfq--, ha confirmado este criterio en otras cinco ocasiones más, al rechazar los cuatro incidentes de nulidad contra los autos de libertad presentados por la Fiscalía Anticorrupción y el recurso de súplica interpuesto en el caso de Yang.

MAYORÍA DE MAGISTRADOS

Tras la petición del juez De Prada, el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, ha preguntado a sus 18 compañeros si consideran necesaria la avocación del asunto al Pleno. Los magistrados deberán dar una contestación en las próximas 72 horas, a excepción de cinco que están haciendo un curso de especialización y que tendrán de plazo hasta el próximo martes.

Según fuentes jurídicas, la celebración de este Pleno no paralizaría las peticiones que una decena de dirigentes de la trama, entre ellos Gao Ping y el presunto líder de la red de extorsión, Hai Bo, han presentado al juez Fernando Andreu para solicitar su libertad en aplicación del auto por el que se acordó la excarcelación de Kai Yang.

El abogado de Gao Ping, Emilio Eirenova, argumenta en su escrito que el juez instructor vulneró los derechos fundamentales de su cliente al no tomarle declaración judicial en las 72 horas posteriores a su detención, que se produjo el 16 de octubre.

En este contexto, el juez Andreu ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si procede excarcelar a la veintena de detenidos a los que tomó declaración los días 19 y 20 de octubre, y en ese caso qué medidas cautelares les deben ser impuestas para evitar que se fuguen del país.

 

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Urdangarin niega haberse puesto de acuerdo con Matas para «defraudar a la Administración

Urdangarin niega haberse puesto de acuerdo con Matas para «defraudar a la Administración

 

 

El Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, negó en su declaración como imputado ante el juez José Castro haberse puesto de acuerdo con el expresidente del gobierno balear Jaume Matas para "defraudar a la Administración". De hecho, aseguró que de forma directa sólo contactó con él en una sola ocasión mientras que el resto de ocasiones todo lo hizo por mediación del exdirector general de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester.

 

Así lo puso de manifiesto en la segunda sesión de su extensa declaración, que ocupa un total de 43 páginas y a cuya transcripción ha tenido acceso Europa Press. En su comparecencia, el yerno del Rey Juan Carlos incidió en que ni él personalmente como tampoco el Instituto Nóos, que presidió entre 2004 y 2006, y Aizoon -la empresa de la que era copropietario al 50 por ciento junto a la Infanta Cristina- han hecho "negocio alguno con el señor Matas".

 

Según explicó ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, el único contacto que mantuvo con el exjefe del Ejecutivo balear fue cuando participó a éste la urgencia de que se tomara una decisión sobre el patrocinio del equipo ciclista Banesto en atención al calendario deportivo, lo que trasladó a Matas en una reunión mantenida en el Consolat de Mar -sede de la Presidencia del Govern- "a instancias de Ballester".

 

Un encuentro en el que, explicó, presentó a Nóos como una entidad sin ánimo de lucro y que comentó "abiertamente" que él se "involucraría en el proyecto", a lo que el expresidente -también encausado en el caso Palma Arena- le dijo que estudiaría su proposición mientras que Ballester fue el interlocutor con su exsocio Diego Torres para buscar la fórmula de contratación, tal y como señaló a preguntas del letrado de Matas, Antonio Alberca.

 

Asimismo, respecto a los dos foros sobre turismo y deporte celebrados en Palma en 2005 y 2006 por los que Nóos cobró 2,3 millones de euros del Ejecutivo balear, parte de cuyo destino se desconoce, manifestó que con ocasión del segundo de los convenios suscritos no mantuvo ninguna reunión con el también exministro bajo la presidencia de José María Aznar.

 

En este contexto, apuntó que las dos cumbres del Illes Balears Forum "se celebraron y tuvieron como objetivo la sinergia entre el turismo y el deporte", de forma que este fomentara el primero y viceversa, al tiempo que "se creó un observatorio permanente y se creó una red de destinos turísticos". Según destacó, el primero de los foros, que es al que asistió, "fue un éxito".

 

EQUIPO CICLISTA, BENEFICIOSO PARA LA COMUNIDAD

 

En cuanto al patrocinio del equipo ciclista, defendió que fue "muy beneficioso para esta Comunidad" e incidió en que "de ello darán fe los estudios que se hayan realizado".

 

Cabe recordar que el propio Torres aportó a la causa diversas facturas para justificar el destino que se dio a los fondos públicos destinados a los dos foros si bien lo que en realidad revelaron fue la falta de justificación documental de dónde fueron a parar las cantidades así como el uso supuestamente fraudulento de numerosas facturas de servicios realizados.

 

Ante esto, Torres, quien en su comparecencia ante el juez se acogió a su derecho de no declarar, manifestó anteriormente en dependencias de la Policía Nacional que los convenios de colaboración firmados para celebrar los foros eran un patrocinio y por tanto Nóos no estaba obligada a justificar el destino del dinero.

 

Entre las múltiples facturas presentadas para justificar los eventos de Palma se encuentran otras tantas que se refieren en realidad al Valencia Summit o bien no guardan relación alguna con estos enclaves.

 

Es más, un informe policial incluido en el sumario revela cómo Nóos destinó, con cargo a los 2,3 millones que recibió del Govern, más de 88.700 euros a costear billetes de avión y estancias de hotel cuya ubicación y relación con los foros se desconoce, así como a sufragar numerosos billetes de transporte ferroviario a pesar de que éstos "no parecen propios de ningún tren que circule por Baleares".

 

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Jueces ven positivo el fallo del TJUE y piden detener las ejecuciones para evitar "daños irreparables"

Las asociaciones de jueces y magistrados han calificado de "muy positivo" el dictamen emitido este jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha declarado que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas, y han pedido modificar la legislación y paralizar las ejecuciones hipotecarias para evitar "daños irreparables". En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha declarado que su asociación valora "muy positivamente" la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha agregado que dicha resolución declara que la legislación española "concede importantes privilegios y ventajas a los bancos frente los ciudadanos" y que les deja en "situación de indefensión al no poder oponerse a las cláusulas abusivas de las entidades bancarias". Bosch ha explicado que, en su opinión, la sentencia supone un "revés importante para el Gobierno que se había empeñado en mantener esta situación y no había adoptado las medidas correspondientes de protección de los consumidores". Por esta razón, como portavoz de Jueces para la Democracia, Bosch ha pedido al Gobierno que "se sitúe al lado de los ciudadanos y no siga protegiendo a las entidades financieras" y que adopte una "verdadera reforma legal" del sistema hipotecario, "en lugar de los parches" que, desde su punto vista, "ha llevado a la práctica hasta ahora". "Creemos que resulta necesaria una nueva legislación procesal que permita que los hipotecados tengan la posibilidad de defenderse legítimamente, como señala la sentencia de la jurisdicción europea, y al mismo tiempo también creemos que se requiere la adopción de medidas de protección para que no se sigan produciendo desalojos que afecten al derecho fundamental a la vivienda", ha remachado. Así, desde JpD se reclama una "legislación integral de sobreendeudamiento familiar y la regulación legal de la dación en pago". "Resulta de cierta gravedad que en estos últimos años se hayan estado ejecutando decenas de miles de procedimientos hipotecarios con importantes dramas familiares y que ello se haya llevado a cabo con una legislación que se ha declarado contraria a Derecho, sin que el Gobierno o el Poder Legislativo hayan tomado medidas para impedir esta situación anómala", ha denunciado Bosch. SUPONE UNA "CLARA INFLEXIÓN" Por su parte, el portavoz de la asociación Foro Judicial Independiente (FJI), Ángel Dolado, ha hecho una valoración "positiva" de la sentencia emitida por el tribunal europeo y ha señalado una vez más que supone una "clara inflexión" en el Derecho español en lo que se refiere a la Ley Hipotecaria y de Ley de Enjuiciamiento Civil. "Hasta que se modifique la ley interna una recomendación que ya hicimos en noviembre es que se deberían paralizar los procedimientos de ejecución hipotecaria para evitar que se generen daños irreparables, que es lo que viene a decir la sentencia del Tribunal de Justicia", ha apuntado Dolado. En este sentido, el portavoz de FJI ha insistido en que "no basta con acudir a un procedimiento para una mera indemnización, sino que lo que hay que evitar es el lanzamiento de las personas sin que los jueces españoles hayan podido analizar si el préstamo hipotecario tiene cláusulas abusivas". Dolado confía en que, "igual que el Gobierno ha hecho muchos reales decreto leyes, en estos momentos haga un real decreto ley para adaptar la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil a lo que indica la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea". "SIN DUDA" UN PASO ADELANTE Por último, el miembro de la junta directiva de la asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria y juez decano de Cáceres, Joaquín González Casso, ha afirmado que la sentencia es "sin duda" un paso adelante para frenar los desahucios que se venían ejecutando. "En la última reunión de jueces decanos que tuvimos en Barcelona ya denunciamos la situación que se estaba produciendo", ha recordado González Casso, al tiempo que ha dicho que "probablemente" cambiar la Ley Hipotecaria será suficiente para que España se adapte a los parámetros exigidos por Europa. "Pero hay que modificarlo claro", ha enfatizado. Para González Casso, el fallo del tribunal europeo era "previsible", puesto que "desde hace ya varios años el Tribunal Europeo de Justicia ha insistido mucho en todas aquellas directivas que hacen referencia a las cláusulas abusivas, que por ello son nulas de peno derecho porque perjudican a los consumidores y usuarios". En esta línea, ha concretado que "ya hubo una cuestión prejudicial que se planteó desde un tribunal catalán y que", según ha precisado, dio lugar a una sentencia dictada por el tribunal europeo "en junio del año pasado". "Ha habido una cuestión prejudicial posterior que ha dado lugar a otra sentencia del mismo tribunal a finales del año 2012 y, finalmente, lo que ha pasado ahora con el tema de las ejecuciones hipotecarias es algo similar a la línea que estaba diciendo el Tribunal Europeo de Justicia en las dos sentencias anteriores, es decir, que puede haber unas serie de cláusulas que son nulas por abusivas", ha detallado.

Adelanta Una Semana Hacienda las Declaraciones del IRPF Por Internet

 

La Agencia Tributaria ha adelantado this week Año uña la Campaña de la Renta del IRPF de 2012 párr las Declaraciones Que Se presenten Por Internet, de tal Manera Que podran presentarse à partir del 24 de abril, Frente al term Que oficial Comienza el Próximo 3 de mayo, de Como. it habituales tareas pendientes Los Años.

El Organismo ha adelantado also Una Semana, desde el Próximo 2 de abril, la PETICIÓN y confirmacion del Borrador del IRPF y de los Datos fiscales con respecto a la Campaña anterior, Cuando el term sí abrió el 10 de abril.

Segun el calendario del contribuyente de 2013, Recogido Por Europa Press, la Campaña de la Renta sí extenderá desde el 3 de mayo Hasta El 1 de julio párr las Declaraciones del IRPF Que Salgan a Devolver, y Hasta El 26 de Junio ​​párr las Declaraciones con Resultado de ingresar.

El Año Pasado, del total de 19,5 Millones de Declaraciones de Que Se presentaron, 10,7 Millones sí hicieron Por Internet, Lo Que supone el 55% del total de las Naciones Unidas y del incremento Móvil 20,5% respecto a la Campaña del IRPF anterior. Ademas, De los 8,5 Millones de borradores del IRPF Del presentados, 4,9 Millones sí remitieron al estilo Agencia Tributaria Por vía telemática, Un Mas Que un 33% las entradas obligatorias de la ONU ano.

Hacienda atribuyó el aumento de las Declaraciones Por Internet, Entre OTRAS Cosas, al Sistema de Acceso al RENO Borrador ya los Datos Fiscales a Través de la Página web de la Agencia Tributaria. De Hecho, en La Pasada Campaña de la Renta, el Servicio RENO Por FUE utilizado 12,6 Millones de Contribuyentes, Un Mas 92,4% Que en la Campaña anterior.

EL USO DEL potenciar BORRADOR.

Ademas de potenciar la Presentación telemática de las Declaraciones del IRPF, la Agencia Tributaria QUIERE agilizar la PETICIÓN Y USO del Borrador de la Renta y, Por ola, also ha adelantado el term Una Semana párr Poder solicitarlo y confirmarlo. En concreto, SE PODRA HACER à partir del 2 de abril y Hasta El Próximo 1 de julio (desde el 10 de abril y 2 Hasta El Pasado de julio el ano).

Una Vez Que Se RECIBA EL Borrador, sí debe revisar, pudiendo en Su Caso completar o Modificar La Información Recogida En El Mismo de Antes PROCEDER un su confirmacion. El term Para La confirmacion vía telemática Por also Arranca el 2 de abril y concluye el 1 de julio.

 

España destruirá Otros 300,000 MÁS Empleos en El Primer Trimestre

 

 

 La Economía española cerrará el cebador Trimestre de 2013 MÁS estafadores de 300,000 Empleos destruidos, Una corrección parecida a la del Mismo Periodo del Pasado Año, segun el Indicador AML Afi-Asempleo, Que avanza Una Caída interanual de la Ocupación del 4,6% en marzo, con Lo Que el total de Ocupados de sí situará en los 16,6 Millones de Personas.

La patronal de las Empresas de Trabajo temporal (ETTs) embargo de pecado estimación Que el Efecto Positivo estacional de la Semana Santa deberia permitir sin moderado aumento de la afiliación, párrafo Retornar un Caídas interanuales cercanas al 4,2% los antes del verano.

Por Otro Lado, El Informe de las Naciones Unidas reserva a Apartadó la Relación Entre la TASA de paro y las Vacantes de Empleo POR CADA 100 Habitantes, Indicador Que Se denominador 'La Curva de Beveridge.

Al respecto, señala QUE A MEDIDA QUE ha ido evolucionando la crisis, el deterioro Propio De La ACTIVIDAD Económica ha derivado en Una reduccion de los Puestos de Trabajo DISPONIBLES En El Mercado, Hasta El Punto De Que En El security Adecuada 2005-2008 habia algoritmos MÁS de 20 parados Por vacante, MIENTRAS Que El Tercer Trimestre es de 2012, El último dato available, la Relación era de 107 parados Por Cada Puesto de Trabajo available.

"En la Medida en de Me ACTIVIDAD Económica no mejore, corremos el Riesgo de de Me TASA de paro sí enquiste en los Niveles Elevados en los Que Se encuentra en la Actualidad", ánade.

Por Otro Lado, coincidiendo con el Año cartilla en vigor de la Reforma Laboral, el Informe constata Que la litigiosidad laboral ha ascendido a Las Demandas POR CADA 18 100 Despidos, MIENTRAS Que el security Adecuada En 2009, Durante la anterior Etapa de recesion, era de 16,2 Demandas.

Por Comunidades Autónomas, los Mayores aumentos de la litigiosidad sí localizaron en Madrid (+69%), Castilla y León (+44%) y País Vasco (+40,5%), dónde son los cantantes ESTOS Casos Han Pasado desde 2009 de las Alrededor de 15 Demandas al Entorno de los 25 litigios POR CADA 100 Actuales Despidos.

 

El Congreso convalida el jueves el Paquete de Medidas de Apoyo al emprendedor y estímulo al Empleo

 

 

El Pleno del Congreso convalidará Este jueves el decreto ley de Medidas de Apoyo al emprendedor y de estímulo del Crecimiento y de la Creación de Empleo Que el Consejo de Ministros aprobó el Pasado 22 de febrero, y Que Recoge instancia de parte de los Anuncios Que hizó el presidente, Mariano Rajoy, Durante Su Intervención en el Debate Sobre el Estado de la Nación.

Also sí amplían las Posibilidades de capitalizar el paro Hasta El CIEN Por Ciento párrafo Menores de 30 Años Que quieran Realizar Una Aportación al capital social de Una sociedad mercantil, Siempre y CUANDO Haya Una contratación indefinida, y sí Incrementa de dos a Cinco Años la duracion del Ejercicio DE UNA ACTIVIDAD Por Cuenta Propia Que permite reanudar el cobro de la Prestación.

Incentivos fiscales

El decreto also includes Nuevos Incentivos fiscales párr apoyar el emprendimiento. En concreto, Las Sociedades de Nueva Creación tributarán al 15% up to Una Base de € 300,000 y del 20% el resto (Incluidos los Autónomos Que empiecen Una ACTIVIDAD) Durante Los Primeros tareas pendientes Ejercicios baño de haya Beneficios Que.

Para fomentar el autoempleo, also sí Prevé Que los parados Que Se den de ALTA COMO Autónomos puedan beneficiarse de la exención en el IRPF Completa del paro CUANDO Haya Pago Único.

Con el Objetivo de facilitar la contratación de Jóvenes, MIENTRAS el paro no Baje del 15% de la Seguridad Social sí reducirá en un 75% sin párr las Empresas Mas de 250 Trabajadores de las Naciones Unidas y 100% de para el resto, Cuando contraten a Tiempo parcial Vinculación con formativa a Menores de 30 Años Experiencia profesional pecado parados o de Mas de doce Meses. Also los Autónomos y Microempresas up to las Nueve Trabajadores sí beneficiarán DE UNA REDUCCION totales de la cuota a la Seguridad Social por contingencias Comunes Durante El Primer Año de contratación indefinida de las Naciones Unidas Joven desempleado.

Con respecto al Contrato 'Primer Empleo Joven ", el Gobierno ha Decidido Modificar ALGUNAS de Sus characteristics párr Que cubran a Menores de 30 Años desempleados y pecado Experiencia, incluyendo EJEMPLO Incentivos Por un su Transformación en indefinido.

Asímismo, sí Impulsa la Colaboración Público-Privada Para Los Servicios De Búsqueda de Trabajo, abriendo la puerta una cola ETTs puedan Firmar CONTRATOS Para La Formación y el Aprendizaje, y sin creating Portal Único de Empleo Que facilité el Acceso A Toda La Información.

Financiación Empresarial

Por Otra instancia de parte, el Ejecutivo also includes en el decreto Medidas párr facilitar la Financiación Empresarial, ampliando Por EJEMPLO El Plan de Pago a Proveedores locales y autonómicos con 2.600 Millones de euros y Mas ampliando el Tipo de facturas Que SE PUEDEN Acoger, y also sí modifican requirements Sobre morosidad en Operaciones Comerciales, estableciendo sin Pago de 30 Días ampliables Hasta 60 Días Para El abono de las Deudas, y sí Incrementa la penalización Por Demora.

Also sí un facilitador los Seguros Privados y Fondos de Pensiones Que inviertan en Valores negociados en el Mercado Alternativo Bursátil y en Entidades de Capital Riesgo, facilitando el ASI Desarrollo de los Mercados de Renta Fija párr mejorar el Acceso a la Financiación no bancaria de las Empresas .

Sector de Hidrocarburos

Para conseguir mejorar la Competitividad de las Empresas, TAMBIEN EL PRECIO it fundamentales de Combustibles Los, Que Tienen sin peso Muy Importante en los Costes Empresariales. Por ola, el Gobierno INCLUYE En Este decreto Una serie de Medidas párr incrementar la Competencia Efectiva.

Asi, En El Mercado Mayorista de Se refuerza là supervisión y Transparencia de Acceso a las Instalaciones Logísticas, y SE garantiza hor QUE EL ACCESO permitan Titulares de Terceros baño conditions no discriminatorias, Transparentes y Objetivas. Por Su parte, serán en el SEGMENTO Minorista sí eliminan Barreras Administrativas y simplifican los trámites sí de Apertura de Nuevas Estaciones de Servicios, particularmente en Centros Comerciales y Zonas Industriales.

Also sí Actúa Sobre los CONTRATOS de Suministro al Por Menor En Exclusiva, reduciendo Restrictions Al Cambio de suministrador cuentos de Como la duracion de los CONTRATOS En Exclusiva de la ONU Año prorrogable Hasta tres, sí obliga a los Publicar CONTRATOS Y FECHA DE vencimiento, y sí prohíben las recomendaciones de Precio de Venta al Público.

Por Ultimo, sí prevención Medidas de Eficiencia Para El sector ferroviario Como El traspaso de la titularidad de la red ferroviaria y Adif Estatal a el Establecimiento De Un Proceso liberalizador Que Vaya Dando paso libre Una Competencia en el Transporte Ferroviario de Viajeros.

 






  • ORDEN DE ALEJAMIENTO: El Punto de Encuentro no está para todos los casos.
  • Sentencia de la AP de Asturias que marca la excepcionalidad del uso del Punto de Encuentro, dictando sentencia en la que indica que los abuelos pueden hacer las recogidas y entregas de los niños.